Las conclusiones de una gran cantidad de estudios señalan que los cónyuges que dan origen a una familia estable tienen mayor esperanza de vida y menores índices de enfermedades mentales, alcoholismo y violencia doméstica. Respecto a los hijos de familias estables, esos estudios muestran menores índices de mortalidad infantil, menores índices de alcoholismo y drogadicción, menores índices de delincuencia a partir de la pubertad, mejores resultados académicos, menor incidencia de enfermedades mentales, menos relaciones sexuales precoces y, por lo tanto, menos embarazos adolescentes y no deseados.

El concepto de ‘flexiguridad’ supone un enfoque global que promueve la flexibilidad de los trabajadores para adaptarse a la evolución del mercado laboral y al logro de sus transiciones profesionales, así como la flexibilidad de las empresas en la organización del trabajo, con el fin de responder a las necesidades de los empleadores y mejorar la conciliación entre la vida profesional y la vida familiar. Además, también beneficia a la seguridad para los empleados, a los que se debe facilitar que progresen en sus carreras profesionales, desarrollar sus competencias y recibir apoyo de los sistemas de seguridad social durante los periodos de inactividad.

Una de las secuelas del progreso ha sido la reducción no deseada de las tasas de fertilidad, con el consiguiente coste en la merma de oportunidades para el futuro. Además de que la población retrocede, las naciones envejecen y se hace más difícil sostener las políticas del Estado del Bienestar, además de la merma de la competitividad, pues el dinamismo es un atributo inherente a la juventud. Algunos países como Francia o Suecia han tenido el acierto de aplicar políticas familiares inteligentes, capaces de demostrar que la incorporación de la mujer al mercado de trabajo no dificulta necesariamente el ejercicio de su maternidad.

La importancia de los trabajos del hogar resulta tan evidente como su dificultad para hacerlos compatibles con el trabajo profesional, el ejercicio de la parentalidad y un reparto equitativo de las tareas domésticas. Su profesionalización, regularización jurídica y consideración social constituyen elementos imprescindibles para conseguirlo, de forma que ni se descuiden ni se consideren de menor importancia.

En muchos casos, la emigración se debe a motivos familiares: el sostenimiento de los hijos exige buscar nuevas perspectivas profesionales. Por eso, la reunificación familiar es un derecho humano que, además, facilita la estabilidad socio-cultural, la integración y, por tanto, asegura el progreso económico y la cohesión social. Todo ello no impide, sin embargo, que puedan establecerse ciertas normas y condiciones que eviten los abusos o las situaciones ilegales, como matrimonios infantiles o la poligamia.

El proceso de envejecimiento que tiene lugar en la mayoría de sociedades exige un replanteamiento de las políticas sociales en general y de sus beneficiarios en particular, tanto por el futuro incremento de personas dependientes como por la capacidad asistencial de quienes se mantienen con la edad en buenas condiciones de salud física y psíquica. Además, las familias, que han asumido tradicionalmente buena parte del coste económico y personal que supone la atención a la dependencia, ya no están con frecuencia en condiciones de hacerlo.

La tarea que corresponde a los padres en la educación es la clave para el futuro bienestar e integración social de sus hijos, y el mejor instrumento de aprendizaje de la igualdad esencial de todas las personas y de prevención de conductas antisociales y autodestructivas. Por eso, resultan muy oportunos los programas de formación en esa tarea, siempre que promuevan las relaciones intergeneracionales y no supongan la imposición de una determinada ideología o cualquier tipo de coacción a la libertad.

De manera semejante a como el progreso de la medicina preventiva ha supuesto un innegable avance en el bienestar individual y social, debería pro-mocionarse la inversión en políticas y programas destinados a fortalecer la familia y evitar la discriminación de quienes contribuyen con su esfuerzo económico y de tiempo y esfuerzo a aportar el beneficio social que la generación y educación de nuevos individuos supone para la sociedad. Para ello, parte del coste habrá que destinarlo a la investigación, con el fin de asegurar en lo posible su eficacia. En todo caso, teniendo en cuenta el gasto futuro que ahorra esas políticas, se trata de una verdadera inversión.

La perspectiva de familia propuesta por Naciones Unidas supone el establecimiento de un mecanismo que permita comprobar todo lo anterior, y eso puede hacerse a través de la introducción de un informe de impacto familiar como un componente destacado e inexcusable del proceso legislativo. Dicho informe deberá contener los indicadores adecuados para reflejar el respeto a estos objetivos.