El 11 de junio de 2019 se celebró en la sede la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, a quien me gustaría reiterar mi agradecimiento, una jornada de expertos organizada por The Family Watch en torno a la perspectiva de familia en las normas jurídicas. La cuestión tiene su importancia y su actualidad. Su importancia, porque las normas jurídicas afectan a la sociedad, y esa influencia, en ocasiones buscada y en otras no, puede incidir positiva o negativamente en la familia. El ejercicio de reflexionar cómo una norma impacta sobre la familia ayuda a mejorar desde esta perspectiva las futuras normas, o a revisar con más datos las normas en vigor. Pero la cuestión de la perspectiva de familia en las normas reviste también actualidad, porque para los proyectos normativos del Gobierno de España, tanto legales como reglamentarios, la evaluación del impacto en familia es algo preceptivo desde 2015. Importa pararse a pensar cómo se está cumpliendo este mandato del legislador y qué han dicho sobre este punto los tribunales de justicia.
La jornada se articuló sobre la base de tres ponencias jurídicas y una sociológica, cada una de ellas seguida de un coloquio. La apertura la realizó María José Olesti, Directora General de The Family Watch. De las sesiones jurídicas dos se dedicaron a las normas con rango de ley, desde perspectivas diferentes, y otra a las reglamentarias.
Pedro Julio Tenorio Sánchez, catedrático de Derecho Constitucional de la UNED y antiguo letrado del Tribunal Constitucional, se encargó de la primera ponencia jurídica, en torno a las leyes. Por utilizar el título del artículo publicado sobre la base de su texto, se ocupó del procedimiento prelegislativo, el impacto de familia y el Tribunal Constitucional. En síntesis, abordó la elaboración de los proyectos de ley, en los que se inserta el informe de impacto de familia, y el juicio que sobre los eventuales fallos o insuficiencias de este procedimiento ha ido emitiendo el Tribunal Constitucional. Se centró por así decirlo en la fase previa a la entrada del proyecto en las Cortes Generales y en su impugnación ante la justicia constitucional.
La doctora Sara Sieira Mucientes, letrada de las Cortes Generales y profesora de Derecho Constitucional en CUNEF, acometió el impacto en familia en las memorias de los proyectos de ley, así como de los reales decretos-leyes, desde la vertiente parlamentaria. Se centró en el Derecho parlamentario y en la práctica de las Cortes Generales para estudiar cómo había sido el tratamiento de esta cuestión, dentro de la posición constitucional que corresponde al Poder Legislativo. El artículo publicado tras su investigación lleva el título “La necesaria objetividad en la evaluación ex ante de la calidad de las normas. Estudio de la memoria de análisis del impacto normativo en la familia”.
La tercera ponencia corrió a mi cargo y me centré en las normas reglamentarias estatales. Realicé un análisis de las tendencias internacionales de la evaluación normativa previa, y de cómo se habían recibido en España, donde ya existe cierta jurisprudencia, para a continuación evaluar la realidad desde los datos de un período de tiempo anual. Las conclusiones no son muy halagüeñas, de ahí que el artículo que luego se publicó llevara el título “El impacto de las normas reglamentarias estatales en la familia: análisis crítico”.
La jornada culminó con una última ponencia no jurídica, sino sociológica. Pablo García Ruiz, profesor titular del Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza, disertó sobre “El impacto por razón de familia desde la Sociología”. Con amplia cita de la práctica internacional y regional española trazó una serie de fundamentos para confeccionar con rigor el estudio del impacto en familia, algo muy necesario siempre y particularmente en ausencia de la guía metodológica que el Gobierno debería haber aprobado para las memorias del análisis de impacto normativo.
La evaluación del impacto en familia de los proyectos de normas jurídicas merece un juicio positivo, pues en el siempre azaroso y apresurado procedimiento de elaboración de las disposiciones generales se abre un espacio para la reflexión sobre la familia. Sin embargo, importa mucho que esta evaluación no sea un mero formalismo sin contenido, un trámite vacío. Para ello resulta fundamental que se ponga en valor y, sobre todo, que se explique el modo de hacerlo, como se trató de hacer en la jornada. Ojalá la publicación de estos cuatro artículos reunidos sirva para fortalecer a la familia en España.
