La medida se toma por la necesidad de proteger a menores, jóvenes y colectivos vulnerables frente a los efectos adversos del juego y a la vez tendrá en cuenta que el juego es una actividad «legal y regulada» que da empleo, según los datos proporcionados en el Anuario del Juego en España 2019, a más de 85.000 personas en todo el país y unas 15.000 en la Comunidad de Madrid. En el juego todo son grandes (y millonarias) cifras.