La razón de este progresivo empeoramiento se debe a la previsible evolución demográfica de nuestro país: a lo largo de las próximas décadas, la población con más de 65 años pasará de representar el 30% de la población en edad de trabajar a alrededor del 60%. Es decir, el conjunto de personas susceptibles de cobrar una pensión se duplicará en relación con el conjunto de personas capaces de sufragarla.