La legislación española establece que aquel de los progenitores al que se atribuye la custodia de los menores, se queda con el uso del domicilio familiar. Y se queda con ella hasta que los menores sean económicamente independientes (no hasta que los menores sean mayores de edad); no importa quién sea el propietario de la casa, cuánto tiempo lleven en la casa ni la cuantía de la hipoteca que se esté pagando. Esta circunstancia provoca que la pelea por la custodia de los hijos se recrudezca porque el premio es, al menos, triple.